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Ante unos plazos de entrega ajustados, necesita un socio que le ofrezca un servicio lingüístico y jurídico rápido y preciso. Confíe en el respaldo que le ofrece Lionbridge, desde la traducción a escala de la Ley de Prácticas Corruptas Extranjeras (FCPA) hasta intérpretes jurídicos expertos para los interrogatorios a testigos.
Nuestro cliente es una multinacional farmacéutica con sede en los EE. UU. Se trata de una empresa famosa en todo el mundo por haber desarrollado innovadores medicamentos y vacunas, incluidos varios fármacos superventas que generan cada uno unos ingresos anuales de más de mil millones de dólares.
La empresa y sus asesores legales externos tenían que traducir una serie de documentos para varias investigaciones que se estaban llevando a cabo simultáneamente con arreglo a la FCPA. Después de que su anterior proveedor de servicios lingüísticos tuviese problemas para hacer frente a la compleja logística de la gestión documental, se pusieron en contacto con Lionbridge.
Lionbridge trabajó en estrecha colaboración con los asesores legales externos para abordar sus preocupaciones y desarrolló un protocolo con un flujo de trabajo adaptado a sus objetivos de contratación de servicios de traducción. Colaboramos con los abogados y el personal de apoyo en las oficinas de Boston y Pekín del representante legal del cliente para preparar las traducciones que, posteriormente, se debían presentar ante el DOJ. El examen documental se llevó a cabo principalmente en la oficina de Pekín y los documentos más relevantes se enviaron a Lionbridge para que se ocupase de su traducción.
Lionbridge logró cumplir todos los plazos y respetar las instrucciones y la guía de estilo del cliente y, finalmente, el DOJ aceptó todas las traducciones sin problema. En última instancia, el proyecto propició la colaboración con el bufete en otros trabajos sobre asuntos relacionados con la FCPA que incluían tanto a farmacéuticas como a empresas especializadas en dispositivos médicos.
«En conjunto, estas nuevas directrices deberían motivar a la fiscalía y a los asesores legales de las empresas para que sientan la presión y agilicen las investigaciones, en particular, en lo relativo a las personas culpables. Si bien es cierto que muchas empresas y fiscales ya cumplen estos principios, estas directrices establecen nuevas expectativas en torno a la secuencia de las investigaciones y aclara cuáles son las prioridades del DOJ».
- Lisa O. Monaco, fiscal general adjunta, Comentarios sobre la aplicación de sanciones penales a empresas
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